ELKARBIDE, asociación en la que nos integramos 400 profesoras y profesores universitarios, hace público el presente manifiesto para expresar su apoyo total al proceso de paz y de normalización política iniciado públicamente a partir del “alto el fuego permanente� iniciado por ETA el 24 de marzo de 2006.

Ese hecho y la receptiva y positiva actitud mostradas en aquel momento por el Gobierno español, crearon una situación histórica inmejorable para resolver el problema de la violencia así como el de la normalización política en nuestra sociedad. Sólo una irresponsabilidad sin límites podría permitir que esta ocasión se perdiera y que se reabriera una dinámica de confrontaciones como las que hemos conocido en otras épocas.

1. Como es obvio, no conocemos el contenido de las negociaciones y mucho menos de los hipotéticos acuerdos que se hayan podido producir, sea entre el Gobierno español y ETA, sea entre distintos partidos. No podemos, por lo tanto, valorar la garantía de estabilidad que puedan haberle dado ya al proceso, garantía que ojalá sea sólida. Aún así, no podemos ocultar nuestra preocupación por algunos de los problemas que se están viendo en algunos campos, así como ante la ausencia de movimientos en otros, y que pueden desembocar en un fracaso del proceso.

Por encima de cualquier otra consideración, creemos que el profesorado universitario debe proclamar la necesidad social, política y moral de que este proceso continúe. Y que debe reclamar a los actores involucrados más directamente en las actuales negociaciones, que ni ahora ni más adelante, bajo ninguna causa, las rompan y que, bien al contrario, las cuiden y desarrollen.

2. Las condiciones para llevar a buen puerto este proceso las tienen en sus manos quienes lo iniciaron y las instituciones y partidos que le han mostrado su apoyo. Esas condiciones no dependen ni del poder judicial, ni de la estrategia destructiva del Partido Popular, ni de la insidia de algunos medios de comunicación que buscan sólo combate y nunca debate. Estos enemigos de la paz podrán poner trabas al proceso pero el éxito o el fracaso del mismo no está en sus manos, sino en la de quienes han proclamado su compromiso con él. Las condiciones para que el proceso tenga éxito –y no señalamos lo que nos gustaría sino lo que vemos más realista y constructivo en dirección a la paz y la normalización- son, a nuestro entender, las siguientes:

2.1. La derogación de la ley de partidos.

2.2. El compromiso formal por parte de ETA de abandonar la violencia de manera definitiva.

2.3. La humanización del conflicto en todos sus ámbitos.

2.4. Un acuerdo de principios y de método entre las fuerzas políticas, de manera que todas ellas tengan iguales oportunidades para defender sus proyectos en claves de respeto al derecho de decisión en la normalización política del conflicto vasco y de oportunidad para sus propios proyectos.

3. Entre esas cuatro condiciones no hay unas que deberían darse antes que las otras y no hay ninguna que tenga derecho a paralizar las demás hasta que aquella esté resuelta. Lo racionalmente democrático sería que, en lo que le corresponda, cada parte cumpliese esas condiciones de manera inmediata y de manera unilateral, en lugar de continuar el peligroso juego de los condicionamientos mutuos. Es más, una resolución positiva de cualquiera de esas cuatro condiciones, empujaría muy rápidamente a la resolución de las demás. Si los que ondean la bandera de la paz no lo hacen, deben saber que no son la responsabilidad social, la legitimidad democrática, la ética o la voluntad de la ciudadanía quienes amparan sus actitudes, sino el interés de parte o de poder o las doctrinas sin capacidad de adaptación.

4. El Gobierno de Rodríguez Zapatero sabe que tiene mayoría suficiente en el Parlamento de Madrid para derogar la Ley de Partidos. Gran parte de la parafernalia boicoteadora desarrollada desde algunas instancias del sistema judicial se apoya en el argumento de que su labor no es sino hacer cumplir la Ley de Partidos. ¡Pues bien, deróguese o anúnciese su derogación para que el proceso se despeje!

Siempre fue una ley antidemocrática; pero actualmente –con más de tres años sin actuaciones de ETA y una tregua permanente- ni siquiera existe el contexto con el que se justificó su existencia y solo sirve para cortocircuitar el proceso. La única forma en que Batasuna estará en igualdad de condiciones con las demás fuerzas políticas, será cuando se suprima esa ley de partidos En cualquier caso debe haber un compromiso firme del Gobierno de Zapatero para la presencia de la izquierda abertzale en las elecciones municipales así como de la legalidad estable de sus candidaturas, incluso en el caso de que no se suprima antes la Ley de Partidos.

Una política de declaraciones y resoluciones institucionales no acompañadas de hechos claros y decididos solo puede alimentar la desconfianza de la sociedad.

5. ETA debe declarar que la tregua sea definitiva y las actuaciones de kale borroka deben desaparecer de nuestras calles por completo. Tampoco este escenario debe estar condicionado a que previamente se suprima la Ley de Partidos o a que se acerque a las presas y presos o a que la mesa de partidos haya terminado sus trabajos preparatorios. El mantenimiento, como amenaza, de la posible vuelta de ETA a la acción, no añade un solo gramo de fuerza y capacidad ni a la defensa de los derechos de quienes están en las cárceles, ni a la reivindicación de democracia para la izquierda abertzale. Y supone la continuidad de la desconfianza en la capacidad de nuestra sociedad para resolver sus problemas sin tutelas.

Más aun, ETA sabe que una eventual vuelta a la lucha armada prolongaría en el tiempo y empeoraría las condiciones de sus presas y presos, al tiempo que enviaría prácticamente a la ilegalidad al espacio político y social mayoritario de la izquierda abertzale.

Hoy el abandono definitivo de la violencia armada, sin el estigma de una rendición y con el salvoconducto de una negociación para la integración política y social con unas reglas a definir desde un acuerdo multipartito, es una salida digna, democrática y de una legitimidad social incontestable en Euskal Herria. No se entendería, de ninguna manera, la marcha atrás en lo que parecían rumbos de profundización democrática y pacífica.

6. La humanización del conflicto implica varios temas:

Por un lado, un apoyo público, moral y material, institucional y social, a aquellas personas, sectores de la sociedad civil, representantes y cargos de partidos, profesores, jueces... que han sufrido una insoportable violencia por parte de ETA.

Por otro lado, un inmediato cambio radical de la política penitenciaria (acercamiento de presos, liberación de quienes han cumplido tres cuartas partes de la condena y de los enfermos graves, retirada de la doctrina “Parot�...). Además, el avance del proceso de paz pondrá encima de la mesa la necesidad de un escalonamiento de excarcelaciones –como ocurrió en Irlanda y en otros procesos- hasta que no queden presas o presos derivados de la historia del conflicto.

En el caso concreto de la Universidad, y estando la política penitenciaria en manos del Gobierno de Madrid, es incomprensible que no pueda aplicarse también en los centros penitenciarios españoles el “protocolo� de la UPV/EHU para la atención académica del alumnado preso que hoy se aplica en los centros penitenciarios franceses. Es sólo un acto de producción gratuita de dolor y de tensionamiento absurdo.

Somos conscientes de que los puentes rotos en la convivencia social en Euskal Herria tardarán tiempo en reconstruirse, pero las medidas políticas que proponemos facilitarán los encuentros de manera muy importante.

7. El acuerdo de principios y de metodología para lograr un proceso democrático y de encuentros que incluyan el derecho de decisión y que canalice establemente los problemas de encaje del sistema político es, al mismo tiempo, condición y objetivo para la normalización política.

Las dificultades que, al parecer, se están produciendo en este tema de ninguna manera pueden convertirse en insuperables. En lo que respecta a la representación pueden seguirse los pasos del movimiento vasco de mujeres por la paz –Ahotsak- que, de manera inteligente, ha canalizado el tema de la composición de la mesa común o puede arbitrarse ideas similares que resuelvan esta dificultad. Como también puede resolverse la determinación del ámbito de consulta popular para que el pueblo decida: todas las propuestas deben tener la misma legitimidad de defensa y debe existir la voluntad de una solución Y tampoco debe asustar, en absoluto, que si existe la igualdad inicial de defensa de todas las oportunidades, nadie tenga derecho de veto y puedan llevarse las distintas opciones a la consideración de nuestra sociedad.

8. Creemos que son estas las cuatro condiciones de éxito del proceso abierto tras el alto el fuego permanente de ETA. Y las cuatro están en manos de quienes proclaman defender y comprometerse con el proceso de paz. El cumplimiento de las cuatro sería, además, el mejor dique de contención frente a quienes pretenden desestabilizar el proceso a cualquier precio.

Nos preocupan aquellas actuaciones policiales que vulneran los derechos humanos y nos preocupa, en especial, ese sector del poder judicial que pretende dinamitar el proceso bajo la excusa de cumplimiento de la ley, en lugar de hacer la lectura de las normas en claves del presente social de construcción de la paz. Que, a excepción del PP, todos los partidos estén implicados en procesos judiciales, desde la inculpación del Lehendakari o de Patxi López, hasta el vengativo montaje contra De Juana, pasando por la reapertura del caso Atutxa, el registro de Herriko Tabernak o el 18/98, sobrepasa la dimensión no ya de la justicia sino incluso de la aplicación de la ley, para configurarse en un artefacto que pretende reventar el proceso. El Gobierno español debería iniciar sin demora una revisión a fondo del politizado sistema de nombramientos de jueces heredado del aznarismo.

Si hay firmeza en desarrollar las cuatro condiciones para llevar adelante el proceso, habrá fuerza para parar esta estrategia protagonizada al servicio de una España oscura y enraizada en el franquismo. La judicatura más derechista puede cumplir el mismo papel que los incontrolados en la transición (reventar el proceso y animar al ruido de sables) o que el GAL de la época González (suspender de hecho el Estado de Derecho) o de la época Aznar (vaciar por dentro el Estado de Derecho).

Desde nuestras autoridades hoy no se debería responder a esa estrategia desestabilizadora con el estribillo del “acatamiento de las decisiones judiciales�. Lo primero que hay que poner en la calle, en los discursos y en los actos es la denuncia a este tipo de actuaciones de una parte del poder judicial. Y con la denuncia, y mucho mejor antes que tarde, ya se ha de empezar a pensar en la puesta en marcha del “pase foral�: obedezco pero no cumplo.

9. Quienes, desde ELKARBIDE, suscribimos este documento, profesoras y profesores universitarios nos comprometemos a defender y desarrollar estas ideas tanto dentro de la Universidad como fuera de ella, a tomar en su defensa cuantas iniciativas sean posibles y a buscar la convergencia con otras iniciativas que, desde la sociedad, se afanan en fortalecer y consolidar el proceso de paz y normalización política de Euskal Herria. Sin pretender quitar protagonismo alguno a las Instituciones Políticas, a los Partidos y a la propia ETA, creemos que son necesarias tomas de posición y movilizaciones que alienten la solución del contencioso vasco de una manera definitiva. La máxima participación social será, también, la mejor garantía para este proceso.