The Economist 11 de Julio 2002. (Traducción publicada en DEIA 14-7-2002)

ETAren alderdi politikoa galerazi behar du Espainiak? Ondo pentsatuta, ez.
Artikulo hau "THE ECONOMIST" britaniar egunkari ospetsuak argitaratu du (2002-7-11) bere "iritzi" atalean. Batasunaren ilegalizazioren aurka agertzen da.

La mayoría de los españoles lo cree. Una nueva Ley que lo hacía más fácil obtuvo el pasado mes una enorme mayoría parlamentaria. Un magistrado pesquisidor, Baltasar Garzón, el perseguidor de Augusto Pinochet de Chile, está ahora tomando su propia iniciativa. Sostiene que Batasuna debe pagar 24 millones de Euros por los daños causados por los miembros violentos de una organización juvenil separatista vasca y, al rehusarlo, ha acudido a los Bancos para congelar sus cuentas. Ello puede estrangular al Partido más que matarlo de un golpe. Una vez más, probablemente, la mayoría de los españoles lo aplauda. Pero, ¿tiene razón esta mayoría? Es delicado sopesarlo pero, dentro de la duda, creemos que no. La verdadera base de la democracia es la de que todos los puntos de vista son legítimos, aun los de los antidemócratas tienen derecho a la expresión política. Este principio debe ser el punto de partida de cualquier argumento o discusión. Y, como cuestión preliminar, cualquier decisión de echarlo por tierra ha de ser una decisión política. Una prohibición judicial era posible, en teoría, antes incluso de la nueva Ley. Pero en esta materia no corresponde a los hombres de leyes aplicar el rodillo de la Ley. Si el Gobierno español cree correcto prohibir Batasuna tiene que tener el valor de hacerlo y discutir sus razones abiertamente. No sería nada difícil hacerlo en un régimen libre, como es el de España. ¿Cómo cabe permitir a representantes de una organización que pone bombas y mata a civiles que se sienten en el Parlamento como si fueran políticos respetables?

Pero la cosa no es tan simple. Batasuna no ha repudiado al terrorismo que practican sus amigos armados, pero ninguno se ha manifestado abiertamente a su favor. No se ha probado su complicidad en la violencia, pese a la evidencia de que su propia suerte electoral creció cuando ETA estuvo en tregua, y disminuyó cuando ponía bombas. En 1998, en el tiempo en el que ETA declaró la tregua, el partido de entonces (renació el pasado año con el presente nombre) obtuvo el 18% de los votos en las elecciones regionales. ETA comenzó a matar en el 2000, y en las elecciones de Mayo del 2001 bajó al 10%. Ahora Batasuna rechaza condenar a los armados mientras se queja de la presunta represión y violencia del Gobierno español.

La posición del partido haciendo la vista gorda al terrorismo, exigiendo la respetabilidad de políticos demócratas, es repugnante. Pero una prohibición sería un error. Los británicos nunca prohibieron el Sinn Féin, aun en los tiempos en los que sus camaradas del IRA se hallaban en sus tiempos más sangrientos. Esto hace más fácil un acuerdo político. Los vascos de España no necesitan armas: no se hallan oprimidos, como lo estuvieron en un tiempo los católicos de Irlanda del Norte. Muy al contrario: su región está gobernada por una coalición separatista no violenta, que también sueña con la independencia y promueve con ilusión la (incluso allá minoritarias) lengua y cultura vascas. Pero esta gente no violenta (que alcanzó el 43% en las elecciones del 2001) se opone a la prohibición de Batasuna: temen que supondría más violencia y no menos. Porque tendería a privar de legitimidad a la causa nacionalista misma.

Hay otros argumentos, pragmáticos, contra la prohibición. Silenciando al Partido político, podrían persuadir a más jóvenes vascos a que las pistolas son la única arma; en cualquier caso Batasuna surgiría de nuevo con otro nombre; un día ETA querrá conversar otra vez y un partido en frente podría ayudar. Pero la razón real contra una prohibición es una razón de principio. Que la Ley caiga sobre todo el que practique la violencia y procurar amordazar a su propaganda. Castigar a Batasuna cuando atraviese la línea. Pero no antes: el terror no es un argumento legítimo, pero asociación no supone culpabilidad".